Un total de 19,900 hectáreas de las 38 mil del proyecto Olmos fueron subastadas el 9 de diciembre. El grupo Gloria de los Rodríguez Banda, se hizo de 15,600 hectáreas, cuando las bases establecían un límite de 5 mil hectáreas por postor, para evitar el retorno a viejas prácticas latifundistas.

Pero, la cosa va más allá. Durante las últimas semanas la comisión de subasta ha modificado algunas clausulas en las bases originales, lo que incluso impedirá que se conozca a los adjudicatarios de la subasta. Sólo se les identificará mediante un código.

Pero no es la única irregularidad en la que ha incurrido el Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto de Irrigación Olmos, presidido por Fernando Cillóniz.

Esta investigación publicada el 4 de diciembre, revela los entretelones del negociado en Olmos, cuyas bases fueron modificadas incluso tres semanas antes de la subasta para favorecer a determinados grupos económicos, entre los que se encontraría negociación Agrícola Jayanca de propiedad del ex ministro Antonio Caillaux.

"Son tonterías"

Temperamental, el ministro de Agricultura Miguel Caillaux Zazzali ha dicho que (el Congreso) le hace perder el tiempo en tonterías. Asegura que su sueldo de ministro no le alcanza. Y ha dicho además que para evitar cualquier afinidad con alguna actividad económica, debería nombrarse como ministro a un astronauta. Todo para refutar a sus detractores que lo acusan de tener un serio conflicto de intereses, precisamente porque sus empresas hacen negocios en el sector que él dirige.

La última, es la subasta pública del Proyecto de Irrigación Olmos y Tinajones que los lambayecanos que ansían ver el desierto convertido en tierras productivas, han esperado por más de 50 años. El 9 de diciembre, se adjudicarán las 38 mil hectáreas que, según Salomón Lerner Ghitis, presidente del Consejo de Ministros, permitirá incrementar en US$ 18 mil millones la agro exportación.

Pero el proceso amenaza con ser un fiasco y podría convertirse en el primer escandalo serio en esta gestión de gobierno.

Se sabe, hasta el momento, que hay más de 26 empresas inscritas. Una de ellas sería Negociación Agrícola Jayanca S.A (NAJSA) de propiedad del ministro Miguel Caillaux. Según Javier Cillóniz Benavides, socio y representante de la empresa, están preparados para replicar en Olmos la experiencia del área experimental La Viña, donde el algodón crece a borbotones en envidiables bellotas blancas de exportación.

 Para los suspicaces, la incorporación de Enrique Salazar Torres, ex gerente del Proyecto Especial Olmos-Tinajones, a la jefatura del gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, el 3 de agosto último, respondería al interés de asegurarle a NAJSA una posición de dominio en la subasta. Más aún. Fernando Cilloniz Benavides, hermano de Javier y Augusto Cilloniz, socios de Caillaux, preside el Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto de Irrigación Olmos, como para no creerlo.

 A gusto y medida del cliente

Pero vayamos por partes. El 15 de noviembre último, se realizaron cuatro modificaciones claves a las bases en lo que concierne a la adjudicación de los lotes. En primer lugar, se eliminó la subasta combinatoria para el sector B, lo que significa que quienes se adjudiquen lotes en este sector lo harán en exclusividad y por encima de las 1000 hectáreas. En segundo lugar, se precisa que ningún adjudicatario podrá hacerse de más de 5000 hectáreas.

Pero, hay un pequeño detalle. El sector B, representa las tres cuartas partes del área a ser subastada, es decir 30,200 hectáreas (28 lotes de 1000 hectáreas y dos lotes de 1100 hectáreas).

Si nos remitimos al Anexo 21 de la Bases, sobre el Patrimonio Mínimo Exigido, caemos en la cuenta de que para presentar una oferta en este sector el postor debe tener un patrimonio mínimo de US$5’000,000 por cada lote de 1000 hectáreas. Lo que significa que si alguien pretende comprar 5000 hectáreas debe contar con US$25’000,000.

Exigencias patrimoniales dejaron fuera de juego a los agricultores de Olmos

Incluso, si la pretensión baja a cien hectáreas –en el sector A ó C-, el respaldo es de US$1’000,000. Una suma prohibida para un mediano agricultor. Ni hablemos de uno pequeño.

Pero hay más. La modificación deja en libertad a los postores de conformar consorcios incluso hasta el mismo día de presentación del Sobre Nº1 (documentos de constitución de la empresa). “En dicho plazo los miembros de un consorcio que se hubieran presentado como postor, podrán hacer cambios en su conformación. En cualquiera de los caso podrán asociarse con otros postores o con terceros”, señala textualmente la circular Nº41.

Ahí no queda todo. En sendas circulares rubricadas por Fernando Cillóniz Benavides, se deja abierta la posibilidad de que las tierras de Olmos puedan ser destinadas a fines ajenos a la agricultura. Un escándalo si se tiene en cuenta los millones de dólares que el Estado ha invertido para poner en valor el proyecto Olmos.

Increíble. Se podrá construír viviendas en Olmos (circular Nº13)

Un lotecito para mi casita

A la pregunta de un postor sobre si -¿Es posible construir casas habitaciones en los predios adquiridos? La comisión de subasta responde textualmente: “Las Bases no prohíben la construcción de casas-habitación dentro del predio. Conforme al numeral 4.3.,Anexo 17 -Contrato de Compraventa- de las Bases, el Comprador deberá acreditar dentro de un plazo no mayor a cinco años (…), una producción agrícola en por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus hectáreas netas” (circular Nº8).

Hay quienes, incluso, han expresado su interés de construir en las tierras de Olmos proyectos inmobiliarios en forma masiva (circular Nº15).

La comisión asegura además que no existe impedimento para calificar como postor a una persona jurídica cuyo objeto social no contemple aún la actividad agro industrial o alguna otra actividad relacionada con el negocio de la tierra –siempre que acredite los requisitos legales y financieros establecidos en las Bases- (circular Nº30 del 22 de setiembre).

Incluso, sociedades off shore inscritas en paraísos fiscales como Panamá podrían participar, siempre y cuando, cumplan con inscribir una sucursal en el Perú de acuerdo a la Ley de Sociedades. Para lo cual se requiere además una garantía corporativa.

Todo un mercado persa donde el nombre de los postores precalificados es un asunto top secret, según nos manifestó un representante de comisión con quien inútilmente intentamos entrevistarnos. Tampoco la Fiduciaria –que es la garante del proceso- ni la administradora H2Olmos de Odebrecht aceptaron brindarnos información al respecto.

Expedientes secretos

Existe una clausula por la cual los estados financieros y la Memoria Anual de las empresas que participan –incluyendo las extranjeras- es considerada información confidencial y por lo tanto, no será de acceso público.

Pero el secretismo va más allá. Los resultados de la evaluación - incluyendo la determinación del número máximo de hectáreas respecto de las cuales el postor puede presentar una oferta económica (en base al patrimonio neto mínimo que ha acreditado), serán de carácter reservado. Según lo establecido en la circular Nº16 del 5 de julio último, el Comité de Promoción se lo comunicará mediante carta a cada uno de los postores, según sea el caso.

Con el mismo carácter confidencial, el Comité de Promoción informará a cada postor su respectivo código de identificación el cual deberá ser consignado como parte de la presentación del Sobre N• 2 y Sobre N• 3. Ósea, será de uso único y exclusivo de cada postor. Lo que significa que la subasta pública será una gran farsa. Sólo se leerán los códigos de los adjudicatarios. Una manera brillante de eludir el control y la fiscalización, y de sacarle la vuelta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Además, una perfecta cobertura para que empresas de personajes como el titular de Agricultura, Miguel Caillaux, se hagan de la buena pro.

Incluso, se ha previsto que los adjudicatarios no figuren en la declaración de impuestos a la renta, ni en los tributos municipales. Para lo cual, se ha incorporado una clausula adicional mediante la cual el comprador le otorga un poder irrevocable a H2Olmos S.A .–subsidaria de Odebrecht y administradora del proyecto-.para que en su nombre y representación pueda suscribir cualquier documento público ó privado, así como escritura ante la autoridad administrativa cuando el caso lo requiera (circular Nº03). Algo huele mal, muy mal.

Publicado en el semanario SIETE, el 4 de diciembre del 2011