Tiene un stud con 32 caballos de carrera en Monterrico.

EMPRESARIO OSCAR PEÑA APARICIO ES SEÑALADO COMO EL “REY DE LA PESCA NEGRA”

Su pasatiempo es la hípica.  Oscar Javier Peña Aparicio es dueño de un stud con 32 caballos de carrera en el hipódromo de Monterrico. Su última adquisición, los pura sangre “Evita” y “BigRon” fueron traídos directamente de la Argentina. Maneja uno de los pocos Camaro de lujo que circulan por las calles de Lima.

Peña Aparicio ha constituido en las últimas dos décadas por lo menos una docena de empresas, algunas de ellas “fantasmas” y otras inscritas a nombre de terceros, que tarde o temprano terminan fusionándose o desaparecen.  Para algunos es un cabecilla de una red de traficantes de licencias de pesca. Otros los señalan como el “rey de la pesca negra”.

Ha sido vinculado con influyentes personajes en el mundo de la pesca, y, como no, a conocidos políticos como el presidente del Congreso Daniel Abugatás. Aunque, a decir verdad, fue bajo la gestión del ex ministro de pesquería Javier Reátegui Rosselló que logró su despegue en la pesca.

El año 2003 formó LSA Enterprises INC, una off shore inscrita en Panamá con sucursal en Lima. Es a través de esta empresa que logra adquirir vía arrendamiento financiero, tres  embarcaciones que llevan los nombres de sus hijos: “Osquitar” y “Estefanía I”, y  “Doña Licha”, en honor a su madre.

La operación fue por 16 millones de dólares. Lo curioso del asunto es que estas embarcaciones originalmente pertenecieron a Hope Business SAC y Establecimiento Marino SAC, dos empresas de su propiedad, de acuerdo a las fichas registrales Nº 00710296, 11644059 y 11600611.

Todo se vende

Amparado en un fallo judicial, en agosto del 2003, Oscar Peña logró con inusual rapidez que PRODUCE le otorgara los permisos de pesca para tres embarcaciones con una capacidad de bodega de 700 toneladas. En noviembre del mismo año obtuvo permiso para operar una cuarta embarcación de 440 toneladas. Era la gestión del ministro Javier Reátegui Rosselló.

Antes de terminar el 2003 había logrado echar a la mar a “Osquitar” (matrícula CO-21696-PM), “Doña Licha” (matrícula CO-21429-PM) y reflotar la embarcación “Karina Jesús” a la que rebautizó como “Estefanía I”.

Pero aquí viene lo bueno. En julio del 2003, Ángel Pereda Sánchez (32) pagó por “Karina Jesús”   US$ 150,000.00 a sus propietarios, Alfredo Ángeles Huayllani y Nidia Boza Rosario. A los cuatro meses, éste se la vendió a Hope Business SAC en US$ 340,000.00. Un negocio redondo.

Hope Business a su vez se lo vendió al Banco Continental en S/.1’923,040, y éste último suscribió un contrato de arrendamiento financiero con LSA a razón de veinte cuotas trimestrales de S/.810,286.48.

En buena cuenta, al cabo de cinco años, LSA terminó pagando la friolera de S/. 16’205,729.60. Cuando una embarcación nueva está valorizada en el mercado en US$ 1’972,900.00 dólares.

La cosa no pasaría a mayores de no ser porque Hope Business SAC y LSA Enterprises SAC tienen un dueño en común: Oscar Peña Aparicio. 

Con “Doña Licha” y “Osquitar” ocurrió algo similar. El banco Continental pagó por estas dos embarcaciones S/.6’898,430.00  y S/.6’468,840.00, respectivamente a empresas del propio Peña. A su vez, se las arrendó a LSA Enterprises por S/.810,286.48 trimestrales, como consta en las respectivas partidas registrales.

El banco en mención ha declinado estar involucrado en alguna operación ilegal de lavado de dinero, aduciendo que se trata de un “error registral”, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguro debe aclarar.

Todo se compra

Pero la influencia de Oscar Peña va más allá. El  3 de enero del 2007, logró que un Juzgado Civil de Paita vía una medida cautelar suspendiera provisionalmente la vigilancia satelital sobre sus embarcaciones, al dejar sin efecto el D.S. N° 023-2006-PRODUCE. Un escándalo.   

El juez en cuestión, Santiago Herrera Navarro, fue denunciado ante la OCMA por el ex ministro pesquería Rafael Rey, quien logró que lo destituyeran del Poder Judicial.

Rey también se resistió a autorizar el cambio de titularidad de los permisos de pesca de “DOÑA LICHA” y “OSQUITAR”, en un intento por poner fin al tráfico de influencias y los “negociados” al interior de PRODUCE.

Peña ha interpuesto hasta tres procesos judiciales en torno a la Resolución Viceministerial N° 037-2008-PRODUCE/DVP que deniega el pedido de LSA en tanto existan procesos judiciales relacionados a dichas embarcaciones.

La nave “ESTEFANIA I” también se encuentra en el mismo problema. LSA Enterprises Perú SAC se ha negado a subsanar determinados requisitos exigidos por PRODUCE, como la declaración jurada del adquirente donde conste que no cuentan con sanciones de multa incumplidas.

Tal vez porque confía en su suerte de apostador.

LA OFF SHORE

Javier Áleman es miembro de una influyente familia de políticos panameños, a quien además le tocó jugar un rol preponderante como Canciller durante la llegada a Panamá de Vladimiro Montesinos, el año 2000, cuando ocupaba la presidencia Mirella Moscoso. Alemán asumió la defensa oficial de su gobierno frente a los cuestionamientos, mientras se estudiaba la petición de asilo del prófugo.

Su bufete de abogados es el actual apoderado de LSA en Panamá, inscrita em el asiento 114187 del tomo 2003 del resgitro de Sociedades Mercantiles del Registro Público de Panamá, en octubre del 2003. En el Perú esa representación la ejerce Oscar Peña Aparicio. 

Resulta revelador que el directorio de LSA Enterprises Perú SAC lo presida su madre María Aurelia Aparicio Martínez, y lo integren sus hijos Helga Estefanía y Oscar Peña Macher. Además de Kenneth David Alay Peña (27), hijo de su hermana Lidia Peña Aparicio. Y la ciudadana americana Janet Elizabeht Bell-Taylor domiciliada en la 7460 SW 93 PL MIAMI Florida. 

Con Javier Reátegui Roselló de Perú Posible, consiguió todos sus permisos de pesca

PIRATA DE ALTA MAR 

Sus embarcaciones han sido sancionadas reiteradamente por PRODUCE por violar las normas de control, pero siempre se ampara en cautelares judiciales para seguir operando al margen de la ley. 

El Programa de Vigilancia y Control de la Pesca lo detectó el 16 de octubre de 2008, en la localidad de Atico, a las 23:30 horas, mientras realizaba actividades extractivas en la embarcación pesquera “DOÑA LICHA” de matrícula CO-21429-PM, que se hallaba con su derecho administrativo suspendido. 

La empresa EDFERHOPE E.I.R.L. también de su propiedad se responsabilizó de las actividades extractivas ilegales, como consta en el reporte de ocurrencias Nº 604-001 Nº 000156 de 16 de octubre de 2008 

A su vez, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), del Grupo Brescia – que el 2004 se benefició de un permiso de pesca tramitado por Peña a través de su empresa Mar y Mundo S.A.C-, se responsabilizó de la carga ilegal. 

TASA debía depositar el valor del decomiso en la cuenta del Ministerio de la Producción en Banco de la Nación, dentro de los 15 días siguientes a la descarga. Cosa que hasta la fecha no se ha producido. 

Pero no es su única sanción. Señala la ocurrencia que “el 24 de mayo de 2006, se detectó que la E/P “ESTEFANIA I”, con matrícula CO-16602-PM, de propiedad de la empresa LSA Enterpirses Perú S.A.C., dejo de emitir señales de posicionamiento satelital desde el 13 de abril a las 07:09 horas, hasta el día 28 de abril del 2006 a las 09:00 horas”. 

“Asimismo mediante Reporte de Descarga del día 24 de abril del 2006 está probado que la E/P “ESTEFANIA I” descargo 36.73 T.M. del recurso de anchoveta en la Planta Armadores Pesqueros S.A”. 

Osca Peña Aparicio afronta once procesos judiciales en la Corte Superior del Santa y en Lima. Los delitos van desde falsificación de documentos, estafa, fraude procesal y apropiación ilícita, hasta insolvencia fraudulenta y falsa declaración en proceso administrativo. 

LA RED DE PEÑA 

No es casual que Oscar Peña haya constituido empresas pesqueras ad hoc, como Hope Business SAC, Establecimiento Marino SAC y una docena más, inscritas a su nombre ó de terceros, que casi siempre resultan ser empleados suyos. Consta en los Registros Públicos las siguientes inscripciones: 

1.WORLD BUSINESS TRADING 

Fue la primera empresa que inscribió a su nombre y podríamos suponer que a través de ella comenzó a operar en el mundo de la pesca en 1987. Tuvo como socios Carmen Koosau Sunobrea, esposa de Jaime Wong Kong -actual accionista de Agro Industrial Paramonga SAA-. y a Micaela Noriega de Wong, casada con Lorenzo Wong Lu -actual apoderado de la empresa azucarera-  Su capital fue de 1 millón de intis y el objeto dedicarse a la producción, comercialización, exportación e importación de productos hidrobiológicos y agropecuarios. Peña fue nombrado apoderado con amplias facultades de representación que usaría a discreción, hasta fines de 1997 cuando la empresa se fusionó con HOPE TRADING S.A 

2.NEXTRASA 

El 26 de octubre de 1989 fundó Nexos Trading S.A (NEXTRASA), con los abogados Luis Carrión Pereda y Manuel Juvenal Zapata Rincón. Bajo el rubro de explotación y exportación de recursos agropecuarios, mineros y  pesqueros esta empresa funcionó hasta 1994. Todo indica que a través de ella Peña operó durante buena parte de los 90 en la venta de fertilizantes e insumos para la agricultura. La SUNAT lo tiene registrado como deudor tributario con domicilio no habido 

3.HOPE TRADING S.A 

Fue constituida en Diciembre de 1997, Oscar Peña tenía 980 acciones, y Juan Peña Aparicio y César Fajardo Isurieta 10 acciones cada uno. La empresa destinada a la extracción, transformación, importación y exportación de productos hidrobiológicos, agropecuarios, agroindustriales y textiles, sólo funcionó en el papel. 

El 24 de diciembre del 97, es decir a las tres semanas de inscrita, HOPE TRADING S.A se fusionó con WORLD BUSSINESS TRADING. Tres años después su capital había crecido de millón y medio a S/. 7’575,151.00. 

4.HOPE INVESTMENT SAC 

Fue inscrita en 1998, Peña tiene 999 acciones y el abogado Yuri José Vega Mere 1 acción. El capital fue de S/.1,000.00 y el objeto como en los anteriores casos: la comercialización, importación y exportación de productos hidrobiológicos, agropecuarios, agroindustriales y textiles. 

Curiosamente, el 31 de diciembre de 1998, es decir, un mes y días después de su constitución, HOPE INVESTMENTS SAC se fusionó con HOPE TRADING S.A, absorbiendo la totalidad de su patrimonio y convirtiéndose en HOPE TRADING SAC. Como consecuencia, de la noche a la mañana el capital de HOPE TRADING SAC creció a S/. 8’595,000.00. 

5.PESQUERA ALBA SA 

Sin mediar ningún tipo de adecuación societaria, el 2006 HOPE TRADING SAC se transformó en PESQUERA ALBA S.A. empresa que no registra inscripción en la SUNARP. En la SUNAT está inscrita a nombre de Juan Valentín Condeso Cuya. Tiene una sucursal en Paita, en el Jr. Libertad Nro. 190 A.H. 13 de Julio. Condeso Cuya es un contador que declara ante la SUNAT ser una persona natural sin negocio. 

Peña Aparicio fungió como su gerente general hasta 2006. 

6.CORPORATION ENTERPRISES SAC 

Fue inscrita a nombre de Mauricio Huamán Chulla y Juan Condeso Cuya, con un capital de 1,000 soles, para dedicarse a la extracción, transformación, comercialización, importación y exportación de productos hidrobiológico, de consumo humano. Durante tres años Oscar Peña Aparicio fue su apoderado y luego gerente general. En el 2003 la empresa pasó a manos de Estanislao Huamán Paucar, a quien encontraríamos después en Establecimiento Marino S.A. 

7.HOPE BUSINESS SAC 

Inscrita a nombre de Oscar Peña Aparicio y su empleado Juan Condeso Cuya, el 2002. Nunca operó como empresa pesquera. El único objetivo fue transferir a su nombre la propiedad de la embarcación pesquera “Osquitar I”, que posteriormente Hope Business revendería a LSA. 

8. ESTABLECIMIENTO MARINO SAC 

Jorge Luis Arseno Sánchez y Mario Moreno Fernández, con 500 acciones cada uno inscribieron la empresa el 25 de julio del 2003, siempre en el rubro pesquero de refrigerados, curados, seco salados, enlatados y similares. 

Como en los casos anteriores Oscar Peña Aparicio fungió de gerente general con amplias facultades para manejar la empresa. 

9. PESQUERA MAR Y MUNDO 

Inscrita en Chiclayo el 2003 a nombre de Miguel Honores Pérez y Martín Ferradas Arce. Esta empresa fue vinculada al negociado de los permisos de pesca durante el gobierno de Alejandro Toledo. Las denuncias periodísticas la señalan como una empresa fachada de Peña para operaciones ilícitas durante la época del ex ministro Javier Reátegui. En el registro notarial figuran como apoderados Misael Moreno Fernández y Jorge Arseno Sánchez, los mismos de ESTABLECIMIENTO MARINO SA 

Moreno vivía en un pueblo joven de Villa El Salvador y no tenía Ruc. Pese a que según el Ministerio de la Producción era “propietario de embarcaciones valorizadas en US$ 1’473,000”. Igual que Dayana Ríos Fernández, ciudadana cubana de 27 años, a quien Peña le transfirió un permiso de pesca de 65 toneladas, sin tener ni siquiera Ruc. 

Dayana Ríos le cedió sus derechos a Peña a través de un poder y éste a su vez vendió ese permiso a la pesquera Inmobiliaria del Carmen S.A., de propiedad del entonces ministro Javier Reátegui. 

Un tercer permiso de pesca fue a parar a manos del grupo Brescia a través de su empresa Tecnológica de Alimentos (TASA). 

10. EDFERHOPE E.I.R.L 

Con un capital de apenas mil soles, fue inscrita en mayo del 2008 a nombre de Edgar Fernando Honores Pérez, domiciliado en San Juan de Miraflores, con el único objetivo suscribir un contrato de Asociación en Participación y de Transferencia de Propiedad con LSA ENTERPRISES PERU S.A.C. para asumir la responsabilidad de las actividades extractivas ilegales de la embarcación “DOÑA LICHA” de matrícula CO-21429-PM, que se encuentra con su derecho administrativo suspendido. 

Publicado en la Revista SIETE el 18/12/2011

La mega comisión fue objeto de una campaña de demolición y demonización encabezada por la alianza del aprofujimorismo,  con un papel igualmente activo que quienes hoy forman parte de ella: el señor Wong integrante de la banca de PPK  -pero que tiene asesores apristas-, y el congresista Lescano de Acción Popular, que tuvo una lamentable actuación.  Es una comisión que ha sido indudablemente debilitada.

Sus detractores sostienen que usted contribuyó a ello..

 Yo decidí optar por dejar de ser el “punching ball” que querían para que la mega comisión se caiga. Entonces preferí retirarme, siendo evidente que lo que había era un cerco y una maniobra dirigida a destruir la mega comisión,  era mejor dar un paso al costado y seguir trabajando desde fuera.  Creo que Sergio Tejada (congresista de Gana Perú) puede llevarla adelante con éxito con el apoyo de todos aquellos que queremos que se abra paso la verdad y que lo que fue conocido como los “faenones” se investigue.

El APRA tiene una larga experiencia parlamentaria y sabe como operar según sus intereses en cada circunstancia ¿No hubiera sido mejor quedarse dar batalla desde el llano, dado su experiencia y su solvencia fiscalizadora?

Yo he vivido antes experiencias donde el APRA ha buscado boicotear investigaciones. Cuando investigue el espionaje telefónico de Alberto Fujimori, no sólo probamos que existió el delito,  sino que logramos que el general “cucharita” Díaz fuera dado de baja del SIN.  La comisión tenía cinco miembros pero dos nunca fueron, Barba Caballero que era del APRA renunció y se fue, nunca asistió, y el miembro del fujimorismo tampoco. Que curioso, las grabaciones que teníamos eran del final del primer gobierno de Alan García, ósea bajo su gestión, y del comienzo del gobierno de Fujimori. Ninguno de los dos asistió, pero trabajamos con el senador Acurio, con el senador Borea y yo, tres de cinco sacamos adelante el informe que terminó en una denuncia judicial. Pero como lamentablemente el sistema de procuradores del Estado es vergonzoso, y era más vergonzoso antes, los procuradores ganan una miseria, se perdió el juicio en el poder judicial. De manera que la moralización va ha implicar no sólo la comisión investigadora, sino tener un equipo de procuradores   anticorrupción que actúen con mucha firmeza en este terreno y no dejen ninguna duda, como ha ocurrido en el último periodo.

¿García le teme?

Pues no lo se. Yo creo que él probablemente subvalúa, subestima al Congreso y su capacidad de fiscalización. Tenemos que demostrarle que está equivocado, que si se puede llegar a la verdad. En la investigación que hice a Mantilla, yo interrogué a Alan García, y el día que tenía que venir a declarar se presentó con seis congresistas de su bancada para hacer presión. Se metieron por la fuerza a la comisión. Mantilla se declaró culpable para no delatar a su entorno. A García le encanta repetir que el que no la debe no la teme. Entonces, en qué quedamos.

 ¿Cuánto está implicado el Apra en actos de corrupción? Porque García acaba de decir que esto es una vendeta contra su gobierno

Existen indicios serios, en relación al tema de la declaratoria de emergencia y el uso de decretos de urgencia para hacer obras que no eran urgentes.  El caso del Estadio Nacional es el caso más notorio. El precio de la obra se multiplicó diez veces, pero además por fe de erratas en El Peruano, se le transfirieron 20 millones de soles adicionales que provenían de fondos para el Teatro Nacional. Es decir, han hecho y desecho como Pedro en su casa, en su chacra, haciendo lo que les sabe la gana y aquí se necesita una investigación a profundidad. Necesitamos las actas de los consejos de ministros donde se tomaron las decisiones sobre los decretos de urgencia. Necesitamos saber quienes asesoraron, que estudios de abogados intervinieron. Que empresas se beneficiaron.

¿Por dónde empezar a investigar?

Uno de los casos mas notorios que tiene que ser investigado es el rol del Ministerio de Educación y la reconstrucción de colegios en el país a través de estos decretos. En realidad se esta hablando de 1,800 millones de soles, de 40 colegios, lo que en realidad llama la atención. El tema del Estadio nacional depende también del Ministerio de Educación.

Es curioso, que una constante sea que en casi la mitad de las obras en Lima haya una misma empresa asociada a grandes constructoras como COSAPI que tuvo a su cargo el tema del estadio. Una empresa que era pequeñita, aparece como socia en 10 de los 20 colegios que se reconstruyen en Lima, y esos socios cuando uno comienza a mirar por encima, aparentemente no tienen recursos. ¿Entonces que era esto? ¿Eran fachadas? ¿Un nuevo COMUNICORE? ¿Es este un mecanismo como la cobranza que se hizo de la deuda de Relima, que la fueron a cobrar personas que no tenían un sol partido por la mitad, y que sacaban el dinero del banco y se quedaban con 100 soles por ir a prestar su nombre en el banco? Estos son los temas que tienen que ser materia de investigación en una comisión investigadora. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que en estos terrenos hay carne.  

¿Hasta dónde se puede llegar en un año, que es el plazo que tiene la comisión?

Aquí un tema interesante. Hay que definir si lo que hubo fueron una serie de hechos aislados,  o se trata de redes que operaban como una organización en determinados sectores, y si esas redes también estaban vinculadas. Porque es curioso  que gran parte de los hechos que son materia de investigación,  provengan de decretos de urgencia y decretos legislativos. ¿Quién propone decretos de urgencia? El decreto de urgencia debe ser propuesto por el Presidente y por el Consejo de Ministros. Es decir por el más alto nivel de decisión del gobierno y requiere de la firma del Presidente. Es el Ejecutivo el que ha hecho mal uso de esa delegación, para evadir mecanismos de control  como parecen evidenciarlo varios de los hechos que están en cuestión.

Fujimori estaba debilitado, fuera del juego político cuando se le investigó. García no lo está ¿Hay voluntad para investigarlo?

Yo creo que hay condiciones para investigar hechos que merecen ser investigados. Y evaluar, como en el caso de Fujimori, si lo que hubo fue o no una asociación ilícita para delinquir. Eso esta perfectamente claro en la moción que fue aprobada por el pleno del Congreso. Yo creo que hay condiciones para demostrar que ha habido manejos irregulares. Los hechos, las pruebas, serán las que permitan formular un antejuicio político a quien todavía tiene derecho a la acusación constitucional, porque varios ministros (apristas) ya perdieron ese derecho.  Se les puede abrir proceso directamente sin acusación.

Millonarias remodelaciones por las cuales deberán responder

Carmen Carpio Montes, accionista de la constructora DHMONT, ha tenido que empeñar sus joyas por 1,467 soles. Ricardo Mont Ling, dueño de la empresa, mantiene deudas de consumo con su tarjeta de crédito por 50 mil soles. Cualquiera puede tener tiempos difíciles, pero no si en los últimos dos años se han ganado procesos por 60 millones de dólares.

Por obra y gracia del Decreto de Urgencia 004-2009, promulgado por Alan García, el 10 de enero del 2009, DHMONT pasó de ocuparse de los trabajos de demolición en el Ministerio de Educación, a ganar licitaciones junto con la constructora  G&M por más de 161 millones de soles, para la rehabilitación de los colegios emblemáticos. Pero también del Estadio Nacional, en sector oriente y sur, por un valor de 31 millones de soles.

Su propietario, Ricardo Mont Ling, acaba de mudar sus actividades a la selva de San Martín, donde el 3 de octubre inscribió en los registros públicos de Tarapoto, las constructoras Beta Rioja y Alfa Selva.  

 Algo que llama la atención es que la “constructora estrella” mantiene una deuda bancaria vigente por 12 millones 408 mil soles, a pesar de haber ganado licitaciones en el Estado por casi US$ 60 millones.  Además, tiene dos letras protestadas por una suma irrisoria que no llega a los 300 dólares, pero que demostraría que la contraparte de G&M carece de capacidad operativa y financiera.  ¿A donde fueron a para sus ingentes ingresos? ¿se trata simplemente de testaferros?  

 Lluvia de millones 

 La madre del cordero es el DU 004-2009, que le permitió al ex ministro de Educación y ex Premier José Antonio Chang, hoy flamante empresario aerocomercial, ejecutar a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIED, un presupuesto nada despreciable de mil 872 millones de soles, entre enero del 2009 y julio del 2011, para la recuperación de la infraestructura educativa que nadie sabe explicar porqué, recién al tercer año del gobierno de García se convirtió en una emergencia. 

El decreto de marras permitió que por lo menos la mitad de las 653 licitaciones convocadas en el último tramo de la gestión de Chang, y que comprometen los mayores desembolsos del sector, fueran “a dedo” saltándose todos los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

En febrero del 2009, un mes después de que García declarara la infraestructura educativa en emergencia, el PRONIED sin mayor trámite le entregó a Ricardo Mont y a sus consorciados, la remodelación de los colegios Miguel Grau, Mariano Melgar, Bartolomé Herrera y Rosa de Santa María, que en conjunto suman 47 millones de soles. 

Una revisión del contrato Nº 054-2009-ME/SG-OGA-UA-APP firmado entre el consorcio y el Ministerio de Educación, referido específicamente al colegio Mariano Melgar, en Breña, deja en evidencia dos hechos graves: que estas adjudicaciones se realizaron sin expediente técnico,  por lo tanto, es una incógnita como se fijó el monto de S/. 13’699,468.94 en este proceso –habría ocurrido lo mismo en el resto-. Y, en segundo lugar, que el consorcio se constituyó un día después de la buena pro, es decir el 26 de febrero, en la notaría Martínez Gutarra. 

El festín de recursos y el direccionamiento es tan evidente, que incluso ni se preocuparon por guardar las formas. El Acta de Exoneración de Proceso Nº0006-2009-ED-UE108, “Ejecución de la Obra de Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura de la IE Ricardo Bentín, ubicada en el Rímac, Lima”, colgada en el portal del SEACE, es una copia textual del Acta Nº005, que otorga la buena pro a la empresa COSAPI S.A para la rehabilitación del Elvira García y García por un monto de S/6’950,503.23  

Más grave aún es la existencia de dos actas de adjudicación del colegio Juana Alarco de Dammert, una del 6 de febrero del 2009 y la otra del 2 de marzo del 2009, donde difieren los montos. Una es por S/11’480,045.77, y la otra por S/11’568,701.69 ¿Cuál es el monto real? Nadie supo darnos una respuesta en la oficina de infraestructura educativa. 

 Barrio de broncas 

Pero lo que raya en lo insólito, es que se tenga que declarar desierta la buena pro, porque el consorcio invitado “no ha cumplido con presentar la propuesta solicitada”, como ocurrió el 13 de abril del 2009, durante la buena pro de los colegios José María Eguren y Melitón Carbajal respectivamente (actas Nº 0030-2009-ED-UE108 y Nº0031-2009-ED-UE108). 

El consorcio encabezado por DHMONT simplemente dejó plantado el proceso, obligando al jefe de la unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación, Jorge Guevara, a posponerlo. Por supuesto que en lugar de sancionarlo se le entregó adicionalmente el colegio Labarthe, con lo cual el monto total ascendió a 58.8 millones de soles, presupuesto del cual JL Viteri Ingenieros no participó, pues quedó fuera del consorcio.  

La bronca entre los socios tenía rato. El19 de marzo del 2009, cuando se convocó la remodelación del colegio Isabel La Católica, en La Victoria, se negaron a firmar la Declaración Jurada y la Promesa Formal de Consorcio. Sólo el inminente peligro de perder los once millones 540 mil 886 soles, hizo que se pusieran de acuerdo en el último minuto. 

El 10 de noviembre del 2009, la historia volvió a repetirse, ésta vez durante la buena pro para la remodelación del colegio Rosa de Santa María, de Breña, por doce millones 337 mil 712 soles que fue declarada desierta por inasistencia de los postores.  

Algo insólito, que sólo se explicaría a partir de la necesidad de ir consorciados no precisamente para sumar mayor puntaje –en este caso, estaban exonerados del proceso de selección-, sino como una condición sine qua non que le impone quien convoca, tal como nos explicó una fuente de la OGA que no quiso ser identificada, señalando que hay empresas que sólo participan “figurativamente”.  

Tan es así, que ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para pagar sus deudas. DHMONT y JL Viteri Ingenieros mantienen un protesto por 351 mil soles con la empresa Unión de Concreteras S.A, que data de setiembre del 2010, justamente cuando se hallaban participando en la licitación de los colegios emblemáticos. 

 Constructor con estrella 

Otra muestra de este festín de trámites y dilapidación de recursos del erario público, escandaloso y descarado, es el colegio emblemático Pedro A. Labarthe, donde se evidencia la tremenda pugna interna que se desató en el entorno de Chang por el reparto de la torta, lo que terminó elevando los costos a más del doble. 

  En mayo del 2009, cuando se convocó la obra, el presupuesto para la remodelación del Labarthe era de dieciséis millones 102 mil 546 soles. Pero, transcurrido un año y medio, ese monto se había elevado a cuarenta y dos millones 820 mil 300 soles.  No sólo no se entregó la obra a tiempo, sino que se convocaron a otros dos procesos adicionales, uno por S/19’932,413.36 soles (el 29 de diciembre del 2010), y el otro, por S/6’785,340.79 soles (el 3 de enero del 2011). En ambos casos, la constructora DHMONT se hizo de la buena pro, consorciada por un lado con JL Viteri Ingenieros, y por el otro, con G & M.

En el PRONIED, nadie supo respondernos de qué obras se trata y porqué no se las incluyó dentro del plan de remodelación inicial, al punto que terminaron costando 26.6 millones de soles adicionales a lo presupuestado. El veedor de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Educación, César Pasco Rodríguez, presente en ambos proceso, declinó darnos una entrevista asegurando que desconocía esos detalles técnicos.

Tamaña tarea que le espera a la Megacomisión del Congreso responsable de revisar a la anterior gestión.  

EL ELEGIDO

Ricardo Mont Ling es dueño, apoderado legal y gerente de por lo menos seis empresas inscritas en los registros públicos en las últimas dos décadas.

La principal es DHMONT SAC Contratistas Generales (1992), constituida junto con su esposa, Miryam Asmad Barrueto, dueña de una peluquería en San Borja, y Carmen Carpio Montes, dedicada a la confección de prendas de vestir.

En 1995 inscribió MYKSU S.A, donde Monti Ling era gerente administrativo y Liz Hurtado Abd, gerente general. Según la Sunat era una sociedad irregular que fue dada de baja en 1998.  Al año siguiente creó Representaciones PEKOS SRL, con Myriam Asmad Barrueto como gerente general. Y, posteriormente, DIALIUM S.A una empresa dedicada la fabricación de trabajos en aluminio, fierro y madera, que en realidad según sus conocidos siempre fue la actividad principal de Mont Ling. El año 2000 fusionó DIALIUM S.A con DHMONT Contratistas Generales.

Los registros financieros del DHMONT indican que hasta el año 2002, sus contratos con el Estado no superaron los 45 mil soles. Durante dos años, ejecutó obras en Pucallpa consorciado con Construcciones Selva del Perú, otra de sus empresas, siempre con contratos pequeños con el gobierno regional.

Pero el 2003, obtuvo ingresos por más de 1 millón 800 mil soles, precisamente a través del Programa de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Ese año se muda del jirón Bélgica 1047, en La Victoria, a la cuadra 44 de la avenida Angamos, en Surquillo, donde actualmente funcionan sus oficinas.

Ese mismo 2003, ganó cuatro de los siete concursos convocados por el Programa Mi Vivienda que entonces dirigía Carlos Bruce, que le significaron ganancias por un total de 7 millones 194 mil dólares.

Algunos atribuyeron ese repentino éxito a la mediación de la famosa teniente de la policía Lady Bardales, guarda espaldas de Alejandro Toledo, a cuyo nombre había sido comprado un terreno de 40 mil metros cuadrados en Chiclayo, sobre el cual DHMONT pretendía construir un programa de vivienda. Su cuñado, Pedro Valle Martínez fue señalado como el nexo.

  Al poco tiempo, adquiere la empresa Pavimentos y Encofrados S.A, y la inscribe a nombre de su hermano Avelino Mont Ling y de su hija Evelyn Mont Asmat, cambiándole la denominación a Consorcio PERCON SAC.

 En junio del 2007, bajo la gestión de Castañeda Lossio, participó en las obras de interconexión de la vía expresa Grau con San Juan de Lurigancho, junto con COSAPI, por 25.7 millones de soles. La Contraloría no pudo auditar este proceso pues fue convocado a través de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Estaba tan bien “apadrinado” que entre el 2009 y el 2011, junto con Graña & Montero logró procesos por 161 millones de soles para la remodelación de los colegios emblemáticos, demolición y limpieza del terreno de la nueva sede del Ministerio de Educación y la remodelación de las tribunas oriente y sur del estadio nacional.

En lo que va del año DHMONT sólo tiene un contrato con el gobierno regional de Cajamarca, por 167,973.29 soles.  Por lo tanto, persiste la gran interrogante: ¿A quien representa DHMONT? ¿Porqué empresas solventes como COSAPI lo necesitarían de socio estratégico?

 Publicado en el SEMANARIO SIETE el 30/11/11

Pero no es la única irregularidad en la que ha incurrido el Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto de Irrigación Olmos, presidido por Fernando Cillóniz.

Esta investigación publicada el 4 de diciembre, revela los entretelones del negociado en Olmos, cuyas bases fueron modificadas incluso tres semanas antes de la subasta para favorecer a determinados grupos económicos, entre los que se encontraría negociación Agrícola Jayanca de propiedad del ex ministro Antonio Caillaux.

“Son tonterías”

Temperamental, el ministro de Agricultura Miguel Caillaux Zazzali ha dicho que (el Congreso) le hace perder el tiempo en tonterías. Asegura que su sueldo de ministro no le alcanza. Y ha dicho además que para evitar cualquier afinidad con alguna actividad económica, debería nombrarse como ministro a un astronauta. Todo para refutar a sus detractores que lo acusan de tener un serio conflicto de intereses, precisamente porque sus empresas hacen negocios en el sector que él dirige.

La última, es la subasta pública del Proyecto de Irrigación Olmos y Tinajones que los lambayecanos que ansían ver el desierto convertido en tierras productivas, han esperado por más de 50 años. El 9 de diciembre, se adjudicarán las 38 mil hectáreas que, según Salomón Lerner Ghitis, presidente del Consejo de Ministros, permitirá incrementar en US$ 18 mil millones la agro exportación.

Pero el proceso amenaza con ser un fiasco y podría convertirse en el primer escandalo serio en esta gestión de gobierno.

Se sabe, hasta el momento, que hay más de 26 empresas inscritas. Una de ellas sería Negociación Agrícola Jayanca S.A (NAJSA) de propiedad del ministro Miguel Caillaux. Según Javier Cillóniz Benavides, socio y representante de la empresa, están preparados para replicar en Olmos la experiencia del área experimental La Viña, donde el algodón crece a borbotones en envidiables bellotas blancas de exportación.

 Para los suspicaces, la incorporación de Enrique Salazar Torres, ex gerente del Proyecto Especial Olmos-Tinajones, a la jefatura del gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, el 3 de agosto último, respondería al interés de asegurarle a NAJSA una posición de dominio en la subasta. Más aún. Fernando Cilloniz Benavides, hermano de Javier y Augusto Cilloniz, socios de Caillaux, preside el Comité de Promoción de la Subasta Pública de Tierras del Proyecto de Irrigación Olmos, como para no creerlo.

Millonaria inversión del Estado no benefiará a agricultores locales

 A gusto y medida del cliente

Pero vayamos por partes. El 15 de noviembre último, se realizaron cuatro modificaciones claves a las bases en lo que concierne a la adjudicación de los lotes. En primer lugar, se eliminó la subasta combinatoria para el sector B, lo que significa que quienes se adjudiquen lotes en este sector lo harán en exclusividad y por encima de las 1000 hectáreas. En segundo lugar, se precisa que ningún adjudicatario podrá hacerse de más de 5000 hectáreas.

Pero, hay un pequeño detalle. El sector B, representa las tres cuartas partes del área a ser subastada, es decir 30,200 hectáreas (28 lotes de 1000 hectáreas y dos lotes de 1100 hectáreas).
Si nos remitimos al Anexo 21 de la Bases, sobre el Patrimonio Mínimo Exigido, caemos en la cuenta de que para presentar una oferta en este sector el postor debe tener un patrimonio mínimo de US$5’000,000 por cada lote de 1000 hectáreas. Lo que significa que si alguien pretende comprar 5000 hectáreas debe contar con US$25’000,000.

Exigencias patrimoniales dejaron fuera de juego a los agricultores de Olmos

Pero hay más. La modificación deja en libertad a los postores de conformar consorcios incluso hasta el mismo día de presentación del Sobre Nº1 (documentos de constitución de la empresa). “En dicho plazo los miembros de un consorcio que se hubieran presentado como postor, podrán hacer cambios en su conformación. En cualquiera de los caso podrán asociarse con otros postores o con terceros”, señala textualmente la circular Nº41.

Ahí no queda todo. En sendas circulares rubricadas por Fernando Cillóniz Benavides, se deja abierta la posibilidad de que las tierras de Olmos puedan ser destinadas a fines ajenos a la agricultura. Un escándalo si se tiene en cuenta los millones de dólares que el Estado ha invertido para poner en valor el proyecto Olmos.

Increíble. Se podrá construír viviendas en Olmos (circular Nº13)

Un lotecito para mi casita

A la pregunta de un postor sobre si -¿Es posible construir casas habitaciones en los predios adquiridos? La comisión de subasta responde textualmente: “Las Bases no prohíben la construcción de casas-habitación dentro del predio. Conforme al numeral 4.3.,Anexo 17 -Contrato de Compraventa- de las Bases, el Comprador deberá acreditar dentro de un plazo no mayor a cinco años (…), una producción agrícola en por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus hectáreas netas” (circular Nº8).

Hay quienes, incluso, han expresado su interés de construir en las tierras de Olmos proyectos inmobiliarios en forma masiva (circular Nº15).

La comisión asegura además que no existe impedimento para calificar como postor a una persona jurídica cuyo objeto social no contemple aún la actividad agro industrial o alguna otra actividad relacionada con el negocio de la tierra –siempre que acredite los requisitos legales y financieros establecidos en las Bases- (circular Nº30 del 22 de setiembre).

Incluso, sociedades off shore inscritas en paraísos fiscales como Panamá podrían participar, siempre y cuando, cumplan con inscribir una sucursal en el Perú de acuerdo a la Ley de Sociedades. Para lo cual se requiere además una garantía corporativa.

Todo un mercado persa donde el nombre de los postores precalificados es un asunto top secret, según nos manifestó un representante de comisión con quien inútilmente intentamos entrevistarnos. Tampoco la Fiduciaria –que es la garante del proceso- ni la administradora H2Olmos de Odebrecht aceptaron brindarnos información al respecto.

Expedientes secretos

Existe una clausula por la cual los estados financieros y la Memoria Anual de las empresas que participan –incluyendo las extranjeras- es considerada información confidencial y por lo tanto, no será de acceso público.

Pero el secretismo va más allá. Los resultados de la evaluación – incluyendo la determinación del número máximo de hectáreas respecto de las cuales el postor puede presentar una oferta económica (en base al patrimonio neto mínimo que ha acreditado), serán de carácter reservado. Según lo establecido en la circular Nº16 del 5 de julio último, el Comité de Promoción se lo comunicará mediante carta a cada uno de los postores, según sea el caso.

Con el mismo carácter confidencial, el Comité de Promoción informará a cada postor su respectivo código de identificación el cual deberá ser consignado como parte de la presentación del Sobre N• 2 y Sobre N• 3. Ósea, será de uso único y exclusivo de cada postor. Lo que significa que la subasta pública será una gran farsa. Sólo se leerán los códigos de los adjudicatarios. Una manera brillante de eludir el control y la fiscalización, y de sacarle la vuelta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Además, una perfecta cobertura para que empresas de personajes como el titular de Agricultura, Miguel Caillaux, se hagan de la buena pro.

Incluso, se ha previsto que los adjudicatarios no figuren en la declaración de impuestos a la renta, ni en los tributos municipales. Para lo cual, se ha incorporado una clausula adicional mediante la cual el comprador le otorga un poder irrevocable a H2Olmos S.A .–subsidaria de Odebrecht y administradora del proyecto-.para que en su nombre y representación pueda suscribir cualquier documento público ó privado, así como escritura ante la autoridad administrativa cuando el caso lo requiera (circular Nº03). Algo huele mal, muy mal.

Publicado en el semanario SIETE, el 4 de diciembre del 2011

El gobierno aprista gastó 30.8 millones de dólares en equipamiento de última generación para el VRAE, pero la situación de las comunicaciones es calamitosa.

Un nuevo ataque ocurrido hoy a las 2.30 de la tarde, en el sector de Machente, en el VRAE, dejó un muerto y cinco heridos. Aquí una crónica premonitoria escrita dos semanas atrás.

Antes de caer abatido, el teniente  Roberto Obregón Ángeles intentó inútilmente pedir ayuda. Nunca recibió respuesta. El sistema de recepción de la señal satelital de la 31 Brigada de Infantería, sede del Comando Especial del VRAE (Valle del Río Apurímac Ene), estaba inoperativo. En realidad, el 70 por ciento de los equipos de comunicaciones que deberían apoyar las operaciones militares en la zona del VRAE, no funcionan, según una reciente auditoría interna realizada por el Comando Conjunto del las Fuerzas Armadas, al que tuvimos acceso.

Lo grave del asunto, es que estos equipos –incluyendo el sistema satelital del Ejército-se supone que son de última generación. Le costaron al erario público 30.8 millones de dólares, entre los años 2009 y el 2011, durante el segundo gobierno aprista cuando era ministro de Defensa Antero Flores Aráoz.

El grueso de las adquisiciones se realizaron bajo la gestión del general Otto Guibovich Arteaga, quien ocupó la comandancia general del Ejército entre diciembre del 2008 y diciembre del 2010. Aunque su antecesor, Edwin Donayre Gotzch,  fue quien convocó a la Licitación Pública Internacional Nº01-2008-SCOME (Servicio de Comunicaciones del Ejército), por US$ 8’862,730.89 de dólares para la compra de equipos de comunicaciones VH-UHF/AM-FM que tampoco funcionan.

Satélite a tierra

A fin de conectar los puestos de comando y los batallones contrasubversivos en el VRAE de manera más eficiente, dado lo accidentado y difícil del terreno, el año 2009 se convocó a la Licitación Pública Internacional Nº02-2009-SCOME, por US$5’572,500.00 de dólares, para contratar el Sistema de Comunicaciones Satelitales VSAT, que terminó ganado la empresa STM Group Inc.

La auditoría revela que se instalaron 44 antenas VSAT con 69 abonados telefónicos, pero apenas el 30 por ciento funciona a cabalidad. En la mayoría de bases contrasubversivas y puestos de comando el sistema VSAT se encuentra inoperativo o con problemas de señal,incluyendo el propio cuartel general del VRAE en Pichari. Además, los equipos carecen de mantenimiento –aparentemente no fue contratado, ni tampoco los repuestos- pese a lo complicado del clima y el terreno,

Aparentemente, la falta de garantía de la empresa proveedora ha obligado al propio Ejército a tratar de solucionar los problemas, pero la llegada de sus técnicos está supeditada al ingresodel helicóptero para abastecer las bases, Además, es muy poco el tiempo que pueden permanecerin situ, por lo que no hay una auditoría exacta de los equipos que la empresa no entregó, o la mala calibración de los terminales. Y la mala calidad de sus conectores. Según el documento, gran parte de las fallas del sistema satelital se debe a que nadie supervisó la instalación de las VSAT.

Peor aún. A los pocos meses, se detectó que el MAIPU (parte del sistema cuya función es la de “encriptar” la información), no estaba operativo. Lo que significa que STM Group Inc. vendió el equipamiento sin este sistema fundamental para resguardar la seguridad de las comunicaciones. El ataque de Sendero Luminoso al batallón de comando número 42 de la Segunda Brigada de Infantería, en la BCS Unión Mantaro, esta semana, pudo haberse debido a la vulneración de sus comunicaciones.

La seguridad abarca hasta las licencias de software que se usan en el VRAE. Se han gastado más de 30.8 millones de dólares en equipamiento y se trabaja con licencias piratas y antivirus de Wilson. No se han asignado servidores ni firewalls a los comandos de unidad. Esto pone en serio riesgo la información y los planes contra el terrorismo y el narcotráfico que se manejan en el VRAE.

Le falta el chip

No menos preocupante es el sistema de telefonía celular encriptado.

La empresa Gold Lock GSM vendió diez equipos telefónicos modelo E63 3G Nokia con software criptográfico, que para funcionar requiere 250 kbps de ancho de banda, pero en el VRAE sólo hay 80 kbps. Lo malo es que recién se dieron cuenta al realizar las pruebas de campo, además con dos chips prestados, porque la empresa entregó equipos que  no contenían el chip respectivo.

Como existía la expectativa de que el Ejército adquiriera este año 150 licencias adicionales por aproximadamente 600 mil nuevos soles,, los representantes de Gold Lock GSM se comprometieron a gestionar con la empresa Claro la instalación de una repetidora en el VRAE, pero sin resultados. El actual comando se ha visto obligado a solicitar a la empresa la devolución del importe que se pagó por las licencias y los aparatos telefónico, no obteniéndose hasta hoy solución alguna.

Tampoco se soluciona hasta la fecha la implementación de una red LAN de banda ancha que es fundamental para mejorar las comunicaciones en el VRAE. En realidad, debió haber sido el punto de partida del plan de equipamiento. Es de esperar que el actual comandante general del Ejército, Víctor RipaldaGanoza, tome una decisión rápida al respecto. Y disponga también la unificación de las comunicaciones de las fuerzas que actúan en el VRAE, en un centro de comunicación conjunto que mejore la coordinación operativa de sus diferentes componentes.

Ciego, sordo y mudo

Si el ataque subversivo a la BCS Unión Mantaro se hubiera perpetrado en la madrugada y no a las 12.45 pm como ocurrió, hubiera sido imposible salir en persecución de los elementos terroristas. Las patrullas no cuentan con dispositivos Flecherde ubicación visual desde el aire (para apoyo aéreo), durante operaciones nocturnas. Además, actualmente sólo operan con 40 rastreadores satelitales Spot de uso civil, que presenta fallas constantes y son una seria limitación, que además pone en riesgo la vida de nuestros soldados en VRAE.

Tanto o más seriaes la situación del equipamiento de radio comunicación comprado a Selex Comunicaciones y a ELBIT por US $24’020,254.13de dólares,de los cuales US$ 9’691,134.00fueron ejecutados por Otto Guibovich bajo el rótulo de “reservado”.

La auditoría da cuenta que no se puede explotar el sistema HF en la transmisión de data por la compra incompleta de los equipos, que carecen de lo más elemental, como es el software HF-DATA con KEY PLUC. Tampoco tienen tarjeta de red para trasferir datos vía IP, cable de interconexión CX-8772 y cable conversor RS232/USB con CD de instalación.

Incluso, las baterías TNC 2188 para equipos UHF recientemente entregadas por Aixs International Business SAC. no recargan –por no ser originales- . Además son muy frágiles, rápidamente hacen cortocircuito, por no ser aptas para operaciones militares. Otro engaño descarado de quien vendió, pero también de quien compró.

Con el sistema VHF pasa algo similar. Carece del software –que es el corazón del sistema-, no dispone de tarjeta de red para transmisión de datos ni cable de interconexión, Tampoco de un conversor. Ni siquiera se han instalado las antenas de 15 metros (como mínimo), indispensables para su funcionamiento. Ni se ha dotado a las bases contrasubversivas de amplificadores de potencia de 50 watts, lo que perjudica el alcance de los enlaces radiales.

Pero el tema no queda ahí. En todas las aeronaves que operan en el VRAE se ha improvisado la instalación de equipos VHF. Esto dificulta la comunicación con los helicópteros u otras aeronaves debido al ruido y la interferencia. A menudo, además, se presentan cortocircuitos porque es incompatible con este tipo de equipamiento.

Además, los equipos de UHF radio aire-tierra de que disponen (Yaesu, Motorola, Bendix King) por ser de uso civil, fácilmente pueden ser captados por cualquiera.

Negligencia criminal

A tal punto llega la negligencia criminal de quienes aprobaron las compras, que las patrullas se movilizan casi a ciegas por la intrincada geografía del VRAE. El sistema UHF fundamental para ubicarlas durante su desplazamiento vía GPS, no funciona. A alguien se le “olvido” incluir el software del GPS. El riesgo de perder la garantía técnica por parte de la empresa Selex Comunications ha impedido verificar la existencia de la memoria interna.

Por lo tanto, si una patrulla o uno de sus combatientes se pierde o se separa del grupo durante un enfrentamiento, probablemente tarde horas, sino días, en ser ubicado. Además, en lo más absurdo del asunto, el auricular del sistema UHF impide que el soldado se coloque el casco. Los cables de los auriculares son demasiado cortos y rígidos, por lo que tienden a romperse durante las operaciones.

Nadie sabe además si estos equipos están encriptados, debido a que no disponen de ningún selector o sistema de programación. Quienes realizaron la compra tampoco advirtieron que se desprograma fácilmente, al ser accionado casualmente durante las operaciones: Reprogramarlo toma algunos minutos, ya que se requiere presionar hasta diez veces consecutivas el botón PPT, algo que resulta mortal si el enemigo está al frente.

Además, el sistema de radio VERTEX adquirido recientemente no es compatible con los equipos existentes en el VRAE. El riesgo, por lo tanto, es que patrullas de diferente comando, al no encontrarse enlazadas, puedan enfrentarse con las consiguientes bajas que luego se disfrazan como “ataques terroristas”.

Amenazas múltiples

Un mes antes de que el APRA dejara el poder, la compañía de inteligencia Nº 511 VRAE  recibió los equipos detectores de amenazas múltiples adquiridos a la empresa Unlimited Systems Ltda. a través de la Fábrica de Municiones del Ejército, FAME SAC.

A primera impresión, señala la auditoría interna, los equipos parecen haberse usado anteriormente –no encienden o están malogrados-. Incluso, durante la instrucción, se encontró que uno de ellos contenía historial de uso en su memoria interna. Lo que significa que se ha vendido como nuevo equipos usados. La empresa además no ha cumplido con entregar los filtros de aire necesarios para su funcionamiento. Ni con la capacitación correspondiente. Habiéndose vencido además el periodo de garantía de los equipos.

Estos equipos funcionan en estaciones fijas de control, tipo laboratorios, para la detección de nano partículas de explosivos, narcóticos, etc, Pero no sirven para recoger muestras de pólvora quemada –solamente nueva-. Por lo tanto, no responden a los requerimientos tácticos en el VRAE.

Como tampoco los equipos portátiles de monitoreo y escaneo PR-100, que en teoría sirven para detectar la presencia del enemigo, por la emisión de fuentes calóricas. Pero sobre el terreno, no resiste las lluvias, la humedad, ni los golpes. Sus baterías sólo duran tres horas. La vendedora Rohde&Schwarzha advertido que cualquier alteración del equipo le hace perder la garantía.

Pero lo más absurdo es que en su transporte se requieren dos personas, cuando la tecnología en todo el mundo tiende cada vez a ser más portable. Además, el equipo no sirve para operaciones nocturnas. Su pantalla emite una luz, que podría referir fácilmente la ubicación de la patrulla.

Un asunto sumamente delicado que pone en entredicho la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el VRAE. Pero, además, con el consabido costo de vidas humanas de soldados y oficiales destacados en la zona.

El ataque del lunes último, es el quinto a una base contrasubversiva en el VRAE. El teniente Roberto Andrés Ángeles Obregón es el último de los nueve militares que han perdido la vida en lo que va del año. Los otros dos heridos, el mayor Jorge Walter Villanueva Calderón y el soldado del servicio militar voluntario, Ignacio Lancha Chuy, se salvaron de milagro

Aquí hay insania narcoterrorista, pero tambiénnegligencia criminal de políticos y militares que tenían la responsabilidad de dotar de equipamiento al VRAE, pero no lo hicieron. Prefirieron apropiarse de sus recursos. Alguien tiene que responder por esto.